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BOLETÍN DE NOTICIAS 21 DE JUNIO DE 2011
EL TIEMPO
EN UN CONVERSATORIO EXPERTOS CELEBRAN LOS 20 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN
EL TIEMPO y la Universidad de Los Andes organizan el evento donde se analizará la Carta.
El presidente Juan Manuel Santos inaugura hoy el Encuentro con la Constitución, 20 Años.
Se trata de una reflexión sobre los 20 años de la Carta, en la que participarán protagonistas y estudiosos de esta. Tras la apertura del presidente Santos, el director de EL TIEMPO, Roberto Pombo, y el ex presidente César Gaviria harán un conversatorio.
A Gaviria le correspondió, como Presidente del momento (1990-1994), impulsar el proceso constituyente y expedir el nuevo estatuto supremo de la nación.
Luego, el decano de Economía de los Andes, Alejandro Gaviria, y el ex constituyente Guillermo Perry, con la coordinación del director de Portafolio, Ricardo Ávila, examinarán la Carta, desde el punto de vista económico.
Tres académicos de los Andes: Carlos Caballero Argáez, director de la Escuela de Gobierno; Mónica Pachón, directora de Congreso Visible, y Helena Alviar, decana de la Facultad de Derecho, analizarán la Carta desde lo político y lo jurídico.
Finalmente, los ex presidentes de la Constituyente, Horacio Serpa y Antonio Navarro, y el ministro de Gobierno de la época, Humberto de la Calle, con la coordinación de la decana de la facultad de Ciencia Política, Angélica Rettberg, harán el cierre de la jornada.
'OJALÁ SEAMOS CAPACES DE DARLE PLENA EFECTIVIDAD A ESTA CONSTITUCIÓN'
Por: ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ ESPECIAL PARA EL TIEMPO
'Se ha intentado enterrar el bipartidismo, pero aún no sido posible instituir partidos fuertes.'
Opina Alfonso Gómez. Además, señala la parte dogmática de la Carta de Derechos lo más importante.
Muchas reflexiones pueden hacerse ahora, cuando se cumplen los primeros 20 años de vigencia de nuestra actual Constitución Política. En primer lugar, muchas cosas cambiaron para bien en el país, a consecuencia de diversas instituciones establecidas en la nueva Carta Política que ya forman parte del patrimonio social, político y jurídico de los colombianos.
Pruebas de ese aserto son, entre otras: la Corte Constitucional y su papel preponderante, a través de la acción de tutela, en defensa de los derechos ciudadanos; la Fiscalía General de la Nación, cuyas tareas han permitido desmantelar organizaciones criminales y adelantar con éxito procesos de gran impacto, como el llamado 8.000 y, más recientemente, los ocasionados por la parapolítica y la corrupción administrativa; y la autonomía con que se dotó al Banco de la República.
Es conveniente, sin embargo, para los estudiosos del derecho público, utilizando el eco de los años, ocuparse de los orígenes de la Carta: las fuerzas políticas que la gestaron, o los resultados de algunos de sus cambios, ya sea en la política, en los partidos o aun en la propia administración de justicia.
En actitud característica de nuestro ilusionismo constitucional, por años se creyó que la causa de todas nuestras dolencias estaba en la Constitución de 1886, de modo que en medio de los avatares del narcoterrorismo y de problemas similares a los que hoy afrontamos -impunidad, corrupción, desprestigio de la clase política, inequidades sociales- muchos pensaban, y aún piensan, que esa Carta era la originaria, es decir la confesional, conservadora y retardataria de Núñez y Caro, muy bien redactada, pero con algunas disposiciones odiosas, como la tristemente célebre del Estado de Sitio.
La verdad, empero, es que ese ordenamiento había sido reformado en más de 70 ocasiones y refrendado por toda la nación, mediante el Plebiscito de 1957, con una votación superior a los cuatro millones, en una población que no pasaba de 12 millones de habitantes.
Ya en 1936 el Partido Liberal, en palabras del maestro Darío Echandía, le había roto unas cuantas vértebras a la Constitución de Núñez. Y ¡qué vértebras aquellas! Por ejemplo: la función social de la propiedad, que permitió expedir la ambiciosa ley de tierras durante el gobierno de López Pumarejo; la expropiación sin indemnización; la intervención del Estado para racionalizar la producción, distribución y consumo de la riqueza, o la educación primaria, gratuita y obligatoria.
Lo curioso es que la más odiada de todas las instituciones de la Constitución de 1886 -el Estado de Sitio- fue la que sirvió para abrir el proceso de cambio constitucional extraordinario, con el argumento de que la causa de la perturbación era la misma Constitución. Idéntica figura facilitó que el gobierno Barco adelantara todo el proceso de paz con el M-19, lo que le permitió al presidente César Gaviria, en generosa actitud, y todavía en vigencia de la Constitución de 1886, nombrar a un guerrillero recién reinsertado como Ministro de Salud.
El mismo Barco, luego de asesinado Carlos Pizarro, dictó un decreto de Estado de Sitio para permitir que Antonio Navarro, sucesor de Pizarro, se presentara como candidato sin reunir los requisitos que entonces exigía la Constitución: la Corte declaró su evidente inconstitucionalidad, pero el efecto práctico ya se había logrado.
Por los constituyentes votaron menos de 3 millones de una población cercana a los 30 millones de habitantes. Hay que decir que esa aparente falta de participación ha sido refrendada por la aceptación que el pueblo le ha dado a la Constitución.
El secuestro y liberación de Álvaro Gómez coincidió con una propuesta de reforma constitucional, paciente y brillantemente defendida por el ministro César Gaviria.
Ese proyecto ya contemplaba las figuras de la Fiscalía, la acción de tutela, la doble vuelta para la elección presidencial y el Consejo Superior de la Judicatura. Barco retiró el proyecto ante la sospecha de que el narcotráfico estuviera detrás de algunos congresistas que pretendieron, en sexto debate, introducir un "mico" en la reforma para someter a referendo la extradición de nacionales, cuya abolición era por entonces la bandera de los narcoterroristas.
Más adelante, Pablo Escobar cometería otros secuestros selectivos haciendo la misma exigencia.
La elección de los constituyentes y sus primeras actuaciones fueron recibidas con beneplácito por los colombianos. Comenzó así un proceso de participación nunca antes visto, y todos querían intervenir en la construcción de la nueva arquitectura jurídica del país.
Dos fuerzas políticas nuevas, junto al liberalismo, fueron determinantes en el interior de la Constituyente: el movimiento de Salvación Nacional -ingenioso rótulo debido a Álvaro Gómez para el antiguo sector laureanista del conservatismo- y la Alianza Democrática M-19, surgida de los acuerdos de paz con ese grupo.
Revocaron el Congreso (elegido por más de 8 millones de votantes) con el ánimo de apoderarse de las cámaras legislativas. Hoy, aquellas fuerzas políticas, prácticamente, han desaparecido.
Alentó entonces un buen propósito: enterrar el bipartidismo frentenacionalista. Mas, la verdad, como lo reconoce Humberto De la Calle, uno de los padres de la nueva Constitución, es que no hemos logrado cambiar la política y no tenemos partidos políticos sólidos y serios. A propósito, es significativo lo que está pasando con el llamado Partido Verde. Abundan peroratas, siglas, caudillos, contenciones, pero no hay partidos. La tarea está por hacerse.
En materia de justicia, ha sido crucial la creación de la Fiscalía. Paradójicamente, lo que se presenta ahora como reforma equivale a cambiar parte de lo que se hizo en el 91 al establecer la Judicatura, el sistema para elección de magistrados y sus facultades electorales.
También está a punto de ser suprimida la Comisión Nacional de Televisión, una de las más discutidas y discutibles "conquistas" de 1991.
Lo más importante de la Constitución ha sido su parte dogmática con la Carta de Derechos, que son cada vez más efectivos por los fallos de la Corte. Además, a diferencia de la anterior, esta Constitución ha tenido enorme alcance social: es, en efecto, conocida y sentida como propia por todos los colombianos.
La han reformado ya casi 30 veces. Pero, ojalá seamos capaces de hacer con esta Constitución lo que no hicimos con la anterior y sus reformas: darle plena efectividad.
Todo ciudadano podrá elegir y ser elegido
derecho a participar en las elecciones
La Carta de 1991 consagró el derecho de toda persona a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político del país. El Artículo 40 estableció que para hacer efectivo este derecho, los ciudadanos pueden "elegir y ser elegidos, tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares, constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas", entre otros.
Asistencia a los abuelos
El estado deberá protegerlos
La Carta de 1991 estableció como obligación del Estado, la sociedad y la familia la protección y asistencia de las personas de la tercera edad, así como la promoción de su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado garanti- zará los "servicios de seguridad social y subsidio alimentario, en caso de indigencia".
Lo aprobado hace 20 años
El 21 de junio de 1991 la Constituyente aprobó una serie de artículos relacionados con la Contraloría General. La corporación determinó que el Congreso en pleno elegirá al Contralor de una terna presentada por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. El legislativo deberá designarlo durante el primer mes de sus sesiones, por un periodo de 4 años. También se estableció que "no podrá ser elegido Contralor quien sea o haya sido miembro del Congreso u ocupado cargo público en el año inmediatamente anterior".
LA JUSTICIA PARA EL CORONEL ALFONSO PLAZAS
Por ser la persona mediática en el operativo de liberación de rehenes del Palacio de Justicia, al Coronel Plazas Vega le ha caído una injusta muralla de hierro.
Hoy 19 de Junio del 2011, leyendo la revista 'Semana', edición 1.520, en su artículo 'Alguien miente', me quedé pasmado ante un hecho que para mí es inconcebible.
El artículo explica que la Fiscalía, en cabeza de la fiscal Ángela María Buitrago, toma una declaración a un testigo que entra en forma anormal a la Escuela de Caballería. Veamos cómo está escrito en la revista: "Estos lo trajeron ante la fiscal y lo ingresaron a la guarnición militar en un vehículo autorizado, lo que explica por qué no quedó registro de su entrada".
Para entrar a la Escuela de Caballería y a cualquier establecimiento militar o industrial de cualquier parte del mundo, las personas obligatoriamente se tienen que identificar en la guardia, portería, recepción o como se llame.
Además, la persona que estaba entrando en forma irregular lo hacía para dar una declaración jurídica, no para visitar ni conocer las instalaciones, con lo que se presentó una duda en su verdadera identidad. Veamos lo que dice la revista: "Entre estas, que en el acta quedó registrado el nombre de Édgar Villarreal y no Édgar Villamizar, que esta no precisa la fecha de la diligencia".
El artículo narra que se presentó presuntamente el verdadero Édgar Villamizar, cédula antigua y nueva en mano, a la Procuraduría a negar que estuvo en esa no sé cómo catalogarla declaración o inspección judicial y ahora toca, como explica la revista, averiguar quién fue el declarante o quién entró escondido.
A pesar de todas las irregularidades, esta declaración fue aceptada por la juez María Stella Jara para condenar al señor coronel Alfonso Plazas a 35 años de cárcel, esto es, a morir detenido.
En un sistema jurídico democrático, todas las pruebas se controvierten y, en las declaraciones de los testigos, la contraparte tiene la opción de interrogar o controvertir las pruebas para que la juez determine la veracidad de su fallo.
Esta era la forma habitual de impartir la "Justicia" de José Stalin en la época comunista, donde la KGB rusa, la Stasi de Alemania oriental y similares ingresaban a las viviendas, empresas o unidades militares en forma arbitraria y recolectaban pruebas para enviar a la cárcel a sus opositores. No es desconocida para los camaradas criollos. Ya han intentado infructuosamente de implantarla en Colombia: lo vimos primero en Marquetalia; posteriormente, el M-19 quiso juzgar al presidente de la república, Belisario Betancur, en su sangrienta toma del Palacio de Justicia con dinero del narco Pablo Escobar.
El Procurador General de la Nación está alertando a la comunidad demócrata colombiana sobre este arbitrario proceder. Hoy le toca al coronel Plazas, mañana le puede pasar a usted. Las actuaciones jurídicas deben ser claras. No se puede mandar a la cárcel a nadie con una declaración suscrita en esa forma: que se entre camuflado, que se acuse y se pierda, como en la era estaliniana.
Parodiando la célebre frase de Winston Churchill en 1948, cuando José Stalin, 'el Padrecito', de triste recuerdo, mandaba en medio mundo: "A Europa del Este le cayó una cortina de hierro". Al coronel Plazas, por ser la persona mediática en el operativo de la liberación de los rehenes del Palacio de Justicia, tomado a sangre y fuego por el M-19 en noviembre de 1985, también le cayó esa muralla porque su suerte aún no se define y está en la balanza de los tribunales, a pesar de todas las evidencias a su favor y de que la prueba reina fue recolectada en forma irregular.
EL ESPECTADOR
ACTIVIDAD LEGISLATIVA
Leyes sancionadas en 2010 tienen un costo fiscal superior a $2 billones
La norma con el mayor costo fiscal permanente es la que desmonta la sobretasa a la energía eléctrica. El valor fiscal es de $609.000 millones.
El año pasado fueron sancionadas alrededor de 59 leyes, de las cuales 28, cerca del 47% no tienen impacto fiscal sobre las finanzas públicas, pero de las 31 restante, 19 presentan costos con suficiente información para ser cuantificados, mientras que 12 leyes tienen impacto fiscal.
Un informe del ministerio de Hacienda indica que el valor total de leyes aprobadas en 2010 puede ser superior a los 2 billones de pesos, pues no ha sido posible cuantificar el costo fiscal de algunas normas aprobadas.
Revela el estudio del ministerio de Hacienda que del costo estimado de 2 billones de pesos, cerca de 1.34 billones de pesos, son de carácter permanente, mientras que el monto restante, unos 635.000 millones de pesos, son transitorios.
Explica la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda, los valores no corresponden a una estimación del costo total de las leyes, sino de aquellos costos con suficiente información para realizar el cálculo.
La Ley de Responsabilidad Fiscal contempla que toda ley que ordene gasto o que genere beneficios tributarios debe estar acompañada de un informe sobre su impacto fiscal, el cual debe ser consistente con el Marco Fiscal, y debe especificar las fuentes de ingreso adicional que van a financiar el nuevo gasto, destaca el estudio del ministerio de Hacienda.
El ministerio de Hacienda explica que se considera que una ley tiene impacto fiscal si representa un gasto nuevo o un mayor valor sobre gastos ya existentes.
Estos costos pueden ser transitorios si aplican para un número determinado de vigencias fiscales, o permanentes si aplican para todas las vigencias posteriores a la sanción de la ley correspondiente, al menos hasta que una disposición contraria los de por concluidos, recalca el informe.
Leyes con costo fiscal
El estudio del Ministerio de Hacienda destaca que entre las leyes aprobadas el año pasado y que tiene un costo fiscal importante para el Gobierno están:
Ley 1430, “Por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad”. El costo asociado con esta ley corresponde a las obligaciones que asume el Gobierno Nacional y que eran previamente financiadas con la sobretasa a la energía eléctrica, la cual fue desmontada por esta ley. Esta ley tiene un costo fiscal permanente de 609.000 millones de pesos.
La ley 1390, “Por medio de la cual la Nación se asocia y rinde homenaje al municipio de Campo alegre en el departamento del Huila, con motivo de los
doscientos (200) años de su fundación y se dictan otras disposiciones”.
Las obras que dispone esta ley incluyen la pavimentación de 11 kilómetros de vía, la recuperación de vías terciarias, adecuación de alumbrado público, y ampliación de los sistemas de gasoducto y alcantarillado. El costo fiscal transitorio de la ley es de 219.000 millones de pesos.
Ley 1399, “Por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los 250 años de la fundación del municipio de San Vicente Ferrer, en el departamento de Antioquia y se dictan otras disposiciones”. Esta ley dispone, entre otros, la pavimentación y rehabilitación de vías y construcción de obras de acueducto y alcantarillado. El costo transitorio es de 132.000 millones de pesos.
Ley 1428, “Por la cual se modifica el artículo 3o de la Ley 1117 de 2006, por la cual se expiden normas sobre normalización de redes eléctricas y de subsidios para estratos 1 y 2".
Mediante esta ley se limita el crecimiento de las tarifas del servicio público domiciliario de energía eléctrica y de gas combustible distribuido por red de tuberías, para los usuarios pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1 y 2, a través de subsidios, entre 2011 y 2014. El informe indica que esta ley tiene un costo transitorio de 158.000 millones de pesos.
Ley 1382, “Por la cual se modifica la Ley 685 de 2001 Código de Minas”. El costo asociado a esta ley corresponde a la fiscalización y seguimiento de los títulos mineros. Tiene un costo permanente de 155.000 millones de pesos.
Ley 1424, “Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones”.
El costo corresponde al fortalecimiento de la procuraduría, defensoría y fiscalía entre otros organismos, con el fin de dotarlos de condiciones para el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley. Asciende a 148.000 millones de pesos permanentes.
Ley 1414, “Por la cual se establecen medidas especiales de protección para las personas que padecen epilepsia, se dictan los principios y lineamientos para su atención integral”. El costo incluye medidas para la atención de más de 340.000 personas que sufren de epilepsia. El costo de la norma es de 139.000 millones de pesos.
DIENTES PARA EL CÓDIGO MINERO
Endurecerán los requisitos para obtener un título de exploración y crearán la unidad de investigación de la Fiscalía sobre la materia.
Luego de sacar adelante la reforma a la Ley de Regalías, el objetivo del Ministerio de Minas y Energía es poner la casa en orden en materia de explotación minera, y para ello trabaja en el ‘revolcón’ al Código Minero, que incrementará hasta a 1.000 salarios mínimos las multas para quienes violen la normatividad del sector.
Así lo explicó el titular de la cartera de Minas, Carlos Rodado Noriega, quien señaló que lo que se busca es meter en cintura a la minería ilegal, que viene haciéndole daño al medio ambiente y minando la credibilidad de la actividad sostenible.
El funcionario explicó que el proyecto de ley que presentarán el próximo 20 de julio al Congreso contiene el endurecimiento de multas a los mineros que violen la normatividad.
Rodado indicó que las multas pasarán de 30 salarios mínimos, a 1.000, es decir, $536 millones, medida con la cual el Gobierno busca que la actividad sea segura y responsable con el medio ambiente.
El Ministro recalcó que no sólo se endurecerá el monto de la multa, sino que se podrá aplicar cuantas veces sea necesario para castigar las violaciones.
Así mismo, se buscará eliminar el artículo que señala que ninguna autoridad podrá intervenir al minero artesanal, ancestral o ilegal mientras se esté legalizando, lo que hoy permite que se sigan violando las normas.
El funcionario recalcó que el actual Código, en el fondo, en lugar de propiciar la formalización, lo que hizo fue permitir que la minería ilegal pudiera disfrazarse de minería artesanal y seguir cometiendo toda clase de delitos amparados en esta figura.
Otro aspecto que se inclirá en la nueva iniciativa es la creación una Unidad Especializada de la Fiscalía que permita investigar y castigar la minería ilegal, recalcó.
Cn el auge de la minería, personas al margen de la ley aprovecharon esta situación para lavar activos y compraron equipos que están siendo usados para depredar el medio ambiente en busca de oro y otros minerales, situación que no ha podido ser controlada por las autoridades municipales.
Esta Unidad podría reforzar a las autoridades y contribuir a detener el deterioro del medio ambiente, como ocurre en el Valle del Cauca, a orillas del río Dagua, en donde en menos de 40 kilómetros operan cerca de 60 retroexcavadoras.
Otro aspecto que contempla la reforma es la expedición de los títulos mineros. En este sentido, lo que se incluirá es el endurecimiento de los requisitos para acceder a un título. Es decir, se exigirá mayor capacidad financiera y técnica, con lo cual se buscará garantizar que en el desarrollo de la actividad exista seguridad en la operación.
En la explotación de carbón, especialmente en Santander, Boyacá y Norte de Santander, se requiere de sensores para medir el gas metano a lo largo de los diversos túneles que existen en una sola mina, pero debido a su alto costo, $12 millones, los mineros solo usan uno móvil, lo cual ha generado accidentes que han terminado con la vida de muchos trabajadores.
Con el incremento en la exigencia de capacidad técnica se puede preservar la vida de cientos de mineros que hoy trabajan en condiciones irregulares, explicó Rodado.
Otro elemento que se planea incluir es la contratación de una auditoría especializada internacional en minería, que vigile y determine qué minas no pueden operar por falta de seguridad o por violación de las normas ambientales.
Para ello, se destinará 2 % de los recursos que se obtengan de regalías por parte de las empresas que explotan recursos no renovables en todo el país, explicó Rodado.
Sanciones para minoristas
El Gobierno no descarta imponer sanciones a los distribuidores minoristas de combustibles por establecer cobros por encima del margen autorizado en la fórmula que determina el precio de los combustibles.
El ministro de Minas y Energía indicó que los distribuidores minoristas se están aprovechando la libertad de precios: “Hay muchos minoristas en varias ciudades de Colombia que están colocando los márgenes por encima del establecido en la fórmula mensual”.
Explicó que en varias surtidoras de gasolina se han detectado cobros que exceden entre $450 y $500 el margen autorizado, especialmente en la región Caribe. Incluso en Bogotá, donde hay bastantes bombas de gasolina y hay competencia, a veces ha llegado a estar hasta $60 por encima de lo establecido por el Ministerio.
Advirtió que este hecho obligará a establecer un sistema de libertad regulada y con sanciones para los distribuidores minoristas que establezcan precios mayores a los autorizados. No obstante, el ministro aclaró que este hecho no se presenta en todas las ciudades ni es cometido por todos los minoristas.
Rodado Noriega señaló que, en principio, se ha pensado en poner multas, aunque si se reincide en las sanciones, se podrían llevar a la suspensión del permiso para la distribuidora de combustible.
El jefe de la cartera de Minas y Energía consideró que el nuevo mecanismo que busca establecer alivios en los precios de los combustibles debe convertirse en una política de “todos ponen”: Gobierno, distribuidores (minoristas y mayoristas) y las regiones.
Una de las iniciativas que se abre paso es que se anticipen utilidades de Ecopetrol al Gobierno para fortalecer el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles; lo mismo debe hacer la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Finalmente, el ministro explicó que, puesto que los distribuidores minoristas contribuyen a la comparación de precios con Estados Unidos, es bueno conocer que “el margen minorista es de 14 centavos de dólar por galón, mientras aquí es de 19 y 20, y llega a ser hasta de 25 centavos de dólar por galón” .
Vía libre a exportaciones de gas
Apertura del mercado de gas natural decidió el Gobierno para permitir las exportaciones de excedentes, buscando una mayor producción del combustible.
Se busca un abastecimiento confiable y seguro en el mercado interno, que haya excedentes para las exportaciones y que se generen ingresos importantes para el país en términos de regalías, explicó el Gobierno.
“Para esto necesitamos disponer de un volumen importante aumentando las reservas y una mayor producción”, dijo el jefe de la cartera de Minas y Energía, Carlos Rodado. Cuando se produzca un fenómeno de ‘El Niño’ el productor-exportador recibirá el costo de oportunidad por las no exportaciones. Se sigue privilegiando el consumo domiciliario.
Primer año de Gobierno de Juan Manuel Santos
GOBIERNO, EN CONTRA DE REFERENDO PARA CAMBIAR FÓRMULA DE PRECIO DE GASOLINA
El presidente Juan Manuel Santos consideró que están equivocados quienes hacen “populismo” con esa iniciativa.
El presidente dijo que por populismo no puede cambiar la fórmula para el precio de la gasolina.
Santos advierte que no existe ninguna negociación con bandas criminales
Una aguda polémica se abrió este lunes con origen en el alto precio de la gasolina del país y lo que piensan los congresistas y el Gobierno Nacional.
En medio de la campaña que se inició en el legislativo para recolectar las firmas que permitan presentar un referendo que cambie la fórmula para establecer el precio de la gasolina y los aumentos periódicos, desde lo más alto del Gobierno se oponen a esa posibilidad.
El presidente Juan Manuel Santos en entrevista con Noticias Caracol y Caracol Radio dio a conocer su férrea oposición al proyecto que nació por los senadores Luis Fernando Velasco (Liberal y parte de la mesa de unidad nacional) y Alexandra Moreno Piraquive (mira).
“No hay subsidio más regresivo que el de los combustibles”, aseguró el Jefe de Estado para advertir su oposición.
Santos aseguró que está demostrado que los combustibles quienes los utilizan son los estratos ás altos de una sociedad.
“En la medida que uno subsidie un combustible le está quitando dinero a la inversión social que tiene un impacto en la pobreza y las desigualdades”, recalcó.
Y enfatizó que “quienes están haciendo populismo con esa iniciativa se están equivocando porque no hay subsidio más regresivo que el subsidio a los combustibles”.
¿En qué va el referendo?
Los senadores Velasco y Moreno la semana pasada iniciaron la recolección de dos millones de firmas para radicar el proyecto.
“No vamos a permitir que el Gobierno se siga burlando del país, no existe una estabilidad tarifaria, y el ministro le está tomando del pelo al Congreso, y no podemos permitir que él le dé la espalda al país”, señaló Moreno.
En el mismo sentido, el senador Luis Fernando Velasco ha dicho que “aunque no quiero que en Colombia regalen la gasolina es necesario que se cobre” un valor justo por los combustibles. Según él, en Colombia actualmente logrando que Ecopetrol y la Nación ganen buenas cantidades de dinero no debe costar el galón de gasolina más de $6.000.
HOLOCAUSTO DEL PALACIO DE JUSTICIA
ABOGADOS DE VÍCTIMAS DE PALACIO RECHAZAN INTERVENCIÓN DE PROCURADOR
Dicen que 7 días después de anunciar una supuesta suplantación a testigo no ha presentado escrito alguno ante el Tribunal Superior.
Defensores de familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia rechazaron los pronunciamientos de la Procuraduría General de la Nación frente a la supuesta suplantación de uno de los testigos del caso y advirtieron que siete días después de hecho público este señalamiento no han allegado escrito algunos al Tribunal Superior de Bogotá con el contenido de sus aseveraciones.
Según el Ministerio Público, el declarante Édgar Villamizar Espinel había asegurado que no era de su autoría el testimonio que acopió la hoy exfiscal Ángela María Buitrago, en el que el primero dice haber sido testigo de las torturas y la desaparición de civiles por parte de militares involucrados en los hechos.
Pese a que el ente de control disciplinario dio cuenta de su requerimiento para que se revocase la condena a 30 años de prisión que pesa en contra del coronel (r) Alfonso Plazas Vega, dicen los abogados de la parte civil, el procurador no presentó ningún escrito ante el Tribunal Superior de Bogotá, que tiene en sus manos la decisión final.
Alegan que lo que hizo el jefe del organismo fue 'levantar un show mediático', pues no existe hasta ahora prueba documental formal de que Villlamizar Espinel, quien para la época de los hechos pertenecía a la Séptima Brigada del Ejército, se hubiese acercado a la Procuraduría para señalar que ni su nombre ni su firma correspondían a la declaración que fue utilizada en contra de Plazas, a quien dice ni siquiera conocer, según indidte el Ministerio Público.
Sin embargo, la Procuraduría señaló que fue el mismo testigo quien dijo haber sido blanco de la suplantación, lo que llevó a esa entidad a solicitar la reapertura de la indagación que se adelantaba contra Ángela María Buitrago, quien ha ratificado insistentemente la validez de la diligencia en la que se tomó el testimonio de Édgar Villamizar, quien por un posible error de digitación aparece registrado en el expediente como Édgar Villareal.
CADENA PERPETUA: POPULISMO PUNITIVO SIN ARGUMENTOS
Por: Rodrigo Uprimny
La iniciativa de hacer un referendo que imponga prisión perpetua para ciertos crímenes contra los niños y niñas no sólo es inconstitucional, como lo mostré en mi anterior columna, sino que además es una propuesta sin ningún sustento.
Todos queremos proteger a los niños de la violencia y esperamos que los crímenes contra ellos sean adecuadamente castigados. A muchos puede parecerles entonces que la cadena perpetua es la solución, sobre todo cuando se evoca la posibilidad de que pueda quedar libre Luis Alfredo Garavito.
Pero lo cierto es que esa pena no podría nunca ser aplicada a Garavito, pues sería una sanción retroactiva. Y estamos hablando de reformar la Constitución para introducir la cadena perpetua, que es un cambio profundo. Uno esperaría entonces que quienes defienden la iniciativa muestren que la prisión perpetua es necesaria para prevenir y castigar esos crímenes. O al menos que ofrezcan argumentos serios en esa dirección. Pero no ha sido así.
Como creo en la discusión racional y estoy dispuesto a que me convenzan, estudié la exposición de motivos y la ponencia para primer debate del proyecto de cadena perpetua (Gacetas del Congreso 1001 y 1099 de 2010 respectivamente).
Los dos textos son largos y tienen una estructura semejante: relatan la recolección de firmas y transcriben el comunicado de la Sentencia C-397 de 2010, que declaró la inconstitucionalidad de la anterior iniciativa; luego describen la intensidad de la violencia contra los niños en Colombia y presentan casos de indudable dramatismo, acompañados incluso de fotos. Señalan además que muchos de esos crímenes están impunes y que los derechos de los menores prevalecen. Hacen un ejercicio de derecho comparado, para recordar que en ciertos países se admite la cadena perpetua para ciertos crímenes contra niños y terminan describiendo las posibles secuelas de estos delitos.
No hay realmente en la ponencia ningún argumento serio de política criminal sobre la conveniencia de la medida. Sólo hay algunas breves referencias, pero muy generales y sin ningún sustento, sobre los posibles efectos disuasivos que tendría la cadena perpetua y que su aprobación mostraría el valor que los colombianos atribuimos a la protección de los niños.
Estas justificaciones son muy pobres para hacer algo tan drástico como es reformar la Constitución para introducir la cadena perpetua. Las ponencias son esencialmente un lamento (obviamente justificado) sobre la crueldad que soportan los niños colombianos. Pero eso no basta para lograr una buena política criminal, esto es, una estrategia que realmente prevenga esos crímenes y reduzca su impunidad.
Estamos pues en una clásica fuga al punitivismo, que cree que la solución a los problemas de criminalidad es el aumento drástico de las penas. Estas medidas suelen ser populares, pero su eficacia es pobre y tienden a agravar muchos problemas, como el hacinamiento carcelario.
Varios estudios, como los realizados por Daniel Nagin (ver su texto de 2010 sobre el posible efecto disuasivo del encarcelamiento), han mostrado que para reducir la criminalidad es preferible esforzarse por aumentar la eficacia de la investigación criminal, en vez de subir precipitadamente las penas. Es mejor entonces perfeccionar la investigación de esos crímenes para reducir su impunidad, en vez de plantear la cadena perpetua.
Esta iniciativa de referendo puede ser popular, pero no logra una mejor protección de los niños y las niñas. Y la cadena perpetua tendría en cambio efectos graves sobre la coherencia del sistema penal. No es, entonces, una buena iniciativa de política criminal, sino una forma irresponsable de populismo y demagogia punitiva.
LA IGUALDAD DESCUARTIZADA
Fue una apuesta de fondo por la igualdad y sin embargo hoy somos la sociedad más desigual de América del Sur
Por Gustavo Zafra Roldán *
Veinte años no es nada. A propósito de los veinte años de la Constitución, conviene recordar la anécdota que atribuyen a Chou en Lai, cuando un periodista le preguntó qué opinaba de la Revolución Francesa -ciento setenta años después- y el estadista chino contestó: “Es muy reciente para ser evaluada”.
Algo va de China a Colombia, pero en este breve texto intentaré subrayar (1) que la Constitución del 91 fue ante todo la apuesta por construir una sociedad justa e igualitaria, (2) que ese proyecto fue truncado por una serie de políticas que nos han llevado a ser la sociedad más desigual de Suramérica, y (3) que el desmonte del proyecto inicial se agravaría con las reformas en curso sobre la llamada “sostenibilidad fiscal”.
Hacia una sociedad igualitaria
En el primer sentido destacaría el efecto pedagógico y cultural que ha tenido la formalización de los derechos. Más que la acción de tutela -que es apenas garantía, instrumento- destacaría especialmente el derecho a la igualdad en una sociedad plural y respetuosa de la diversidad de ideas, de religión, de género, de etnias, de estado civil y de opción sexual.
Podríamos suprimir todos los artículos de la Constitución, pero si hiciéramos efectivo el artículo 13 ya seríamos algo que hoy todavía no somos: una sociedad decente de 46 millones de proyectos de vida que se respetan recíprocamente. Porque ya creeríamos de verdad que
“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos y maltratos que contra ellas se cometan”.
Justo es reconocer que a lo largo de las dos últimas décadas se han dado avances en esa dirección, o que hoy por hoy apuntan en ese sentido iniciativas como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, o el respeto al Derecho Internacional Humanitario que se sigue de admitir la existencia del conflicto interno, o la búsqueda de una distribución más equitativa de las regalías.
Caminos equivocados
En el segundo punto, el de los caminos que nunca debimos recorrer, destacaría los seis siguientes:
1. Ha sido un error descuartizar el pacto social de los artículos 356, 357 y 358 de la Constitución (mediante tres reformas al texto de 1991), que junto con la ley orgánica 38 de 1989 conformaban un bloque de constitucionalidad sobre el reparto y el uso de los ingresos corrientes de la Nación. La historia cobrará esto.
2. Ha sido un error convertir en mercancía al conocimiento y a la educación -que es el medio de producirlo- lo que ni a Carlos Marx se le habría ocurrido. El Preámbulo de la Constitución afirma que el conocimiento es un derecho fundamental y por lo mismo tiene un rango comparable a la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, la libertad y la paz.
3. Ha sido un error reducir sistemáticamente la inversión pública en educación preescolar, básica, media y superior.
4. Ha sido un error reducir sistemáticamente el papel del Estado en el diseño y la prestación de los servicios de salud. La conversión de la salud en mercancía transable, su privatización y la voracidad de los actores nacionales y multinacionales que ahora se presentan como víctimas, son muestras del cinismo y la descomposición que se siguieron de una ley tramposa que permitió las integraciones verticales y el desmantelamiento del Estado en el sector.
5. Ha sido un error reducir al Estado al papel de simple adherente de las condiciones que imponen los contratistas particulares. La ley 80 de 1993 y sus reformas son la trampa donde el Estado siempre pierde y donde asume los riesgos que los contratistas habrían de asumir -y asumen- en cualquier otra economía de mercado.
6. Ha sido un error la política de lucha contra el narcotráfico, que de hecho ha ayudado a enriquecer a los criminales. Aunque sería mejor estar en compañía de premios Nobel que de Rambos, en esta materia las voces sensatas son estigmatizadas: ¿No aprendemos de las lecciones propias ni de las ajenas?
Regla Fiscal
Así como en el pasado llamamos “Convivir” a la máquina de la muerte de los derechos civiles, ahora aparecen el “Principio de Sostenibilidad” y “La Regla Fiscal” como la máquina de la muerte de los derechos económicos y sociales.
Hay que declarar la inconstitucionalidad plena de la sostenibilidad y de la regla fiscal, porque la vía de las “sentencias moduladoras” que utiliza la Corte para proteger la integralidad de los derechos no ha resultado efectiva. “Se obedece pero no se cumple”, fue la respuesta del Banco de la República ante sentencias tan significativas como la del UPAC, la de objetivos múltiples (no sólo reducir la inflación) y otras de keynesianismo moderado. Lo mismo harían los tecnócratas de todos los gobiernos, si se les deja el campo libre.
La tesis de “sostenibilidad fiscal” se remonta a la derecha republicana de Estados Unidos en los años 80, y es la misma que hoy inspira al Tea Party. Reagan, como se sabe, había causado el mayor déficit fiscal en la historia de ese país (tanto que su Director de Presupuesto renunció por vergüenza), pero en vez de reducir el gasto militar (la célebre “Stars War”) se las arregló para que fueran los gobiernos locales, los Estados, quienes incluyeran en sus Constituciones el mandato del equilibrio presupuestal.
El único Estado que ha adoptado el adefesio de la sostenibilidad fiscal –aunque a nivel de ley, no de Constitución– y que merezca tenerse como ejemplo es Alemania, donde los derechos sociales y económicos están garantizados. Pero igual que de Colombia a China, algo va de Alemania a Colombia, y la regla fiscal daría al traste con los precarios avances que se han dado.
Tragedia social
Y sin embargo la comedia de la regla fiscal acaba de elevarse al rango de un mandato constitucional, lo cual puede acabar en tragedia para los usuarios del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisben) o para los alumnos de la educación pública.
¿Por cierto, qué dicen los gobernadores y los congresistas de las regiones? Todos estamos de acuerdo en mantener una economía equilibrada y una moneda sana. Alfonso Palacio Rudas probó que esto se puede lograr sin vulnerar los derechos sociales y económicos.
¿Por qué el gobierno no mira mejor hacia las gabelas de las zonas francas, de los contratos de estabilidad tributaria que hipotecan la soberanía del Estado, a las regalías y a los impuestos mineros y al zoológico de rentas de capital exentas? Allí encontraría los siete billones anuales para cumplir con la unificación del POS, que correspondería a nuestra Sentencia Brown, entre los buenos ejemplos internacionales [1].
[1] En esa sentencia de 1954, la Corte Suprema de los Estados Unidos exigió al Distrito Judicial de Topeka en Kansas eliminar la segregación racial de sus escuelas
FALSOS POSITIVOS MILITARES Y JUDICIALES
Por HUGO QUINTERO BERNATE
“Más preocupados por la estadística que por la justicia”
HACE una semana, en la celebración del aniversario de la operación “Camaleón”, el Ministro de la Defensa Nacional presentó “15 medidas contra la impunidad”, un documento en el que pretende agrupar las más recientes medidas del Estado, y casi que las únicas, para enfrentar el gravísimo problema de las ejecuciones extrajudiciales de civiles practicadas por miembros del Ejército Nacional que la mayoría de los medios de comunicación presentan bajo el eufemismo de “falsos positivos”.
El anuncio del ministro Rivera no se limitó a la presentación de las “15 medidas” sino que aprovechó, como siempre, para exigirle a la Administración de Justicia la absolución de “todos aquellos soldados y policías que son investigados por un delito que no cometieron”, pues el Ministro piensa que “no todas las denuncias de esos supuestos casos corresponden a la realidad” tal como durante 8 años lo sostuvo su jefe político.
Y tiene razón el Ministro, la realidad no es la de las denuncias, sino que puede ser mucho peor. El Consejo de Estado lo acaba de reiterar en sentencia del 14 de abril de 2011 que definió el proceso 20145, con ponencia de la consejera Stella Conto: “La experiencia de Colombia en el pasado indica que muchos casos permanecen sin ser denunciados durante largo tiempo debido al temor de los testigos, a la falta de familiaridad con el sistema de justicia y la presentación de denuncias y a los considerables obstáculos geográficos y de comunicación que dificultan dicha presentación”.
En el fallo referido, que condena al Estado a pagar más de dos mil millones de pesos por hechos que ocurrieron el 26 de junio de 1994 en el departamento de Antioquia, queda claro no sólo la crueldad del método, sino la participación pública de personal civil que en cada región se encarga de llevar jóvenes, como el que arrea ganado para el matadero, para que el Ejército los dé “de baja”.
Lo más preocupante de lo que denuncia el fallo, no son los homicidios o el ocultamiento de evidencias por parte de miembros del Ejército, sino la respuesta meramente formal que el Tribunal Administrativo de Antioquia entregó a la demanda de las víctimas.
En una extraña estimación probatoria, el Tribunal absuelve al Ejército, al hallar dudas sólo posibles de construir mediante análisis descontextualizados de la realidad histórica o errores de raciocinio evidentes sobre la prueba indiciaria.
Si la ejecución extrajudicial de civiles para aumentar la estadística de bajas es un “falso positivo” militar, guillotinar las pretensiones de las víctimas en los procesos administrativos mediante sentencias que no tienen más propósito que el de incrementar la estadística de “salidas del despacho”, es un “falso positivo judicial”. Con razón el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional no concilian estos casos donde la responsabilidad administrativa es tan de bulto. Siempre tienen la posibilidad de encontrarse magistrados más preocupados por la estadística que por la justicia.
REVISTA SEMANA
LOS HONORABLES
Por Daniel Coronell
Heriberto Escobar, coordinador de la investigación del expresidente, es un paje de Juan Carlos Abadía, el gobernador destituido por participar en política a favor de Andrés Felipe Arias.
Un particular trío quedó a cargo de la investigación al expresidente Álvaro Uribe por los seguimientos e interceptaciones ilegales. Los tres tienen pasados interesantes y vínculos con antiguos aliados del exmandatario. Ninguno de ellos ofrece la menor garantía de independencia.
El primero se llama Heriberto Escobar y pertenece al PIN, el partido armado desde la cárcel por Luis Alberto Gil y comandado en la sombra por Carlos Herney Abadía, exconvicto del proceso 8.000. Heriberto Escobar, coordinador de la investigación al expresidente, es un paje de Juan Carlos Abadía, el gobernador destituido por participar en política a favor de Andrés Felipe Arias.
Antes de llegar a la Cámara de Representantes, Heriberto Escobar fue secretario de Abadía en el Concejo de Cali y su asesor en la Gobernación. Heriberto se complacía posando al lado de su jefe en los consejos comunitarios regionales.
Cuando la participación en política del gobernador Abadía quedó en evidencia (por cierto gracias a una investigación del periodista Carlos Cárdenas de Noticias Uno), se inició un proceso disciplinario en el que su abogado era el mismo de Álvaro Uribe: Jaime Granados.
Ahora, en el papel de investigador, Heriberto atiende los alegatos del apoderado de su jefe.
Pero eso no es todo: usando una tortuosa tutela, Abadía y Granados pretendieron anular la sanción disciplinaria. Lo lograron con un cuestionado fallo de la Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca. Sin embargo, cuando el proceso llegó a Bogotá, la destitución y la inhabilidad por diez años fueron confirmadas con ponencia de la magistrada María Mercedes López.
Créanlo o no, hoy la magistrada que se atrevió a tomar la trascendental decisión está investigada por la Comisión de Acusaciones. Cuatro procesos contra ella llegaron casualmente a manos de Heriberto Escobar, el subalterno del afectado por su decisión.
A pesar de la evidente parcialidad, la Cámara de Representantes no ha aceptado la recusación. Heriberto tiene en sus manos el arma para ejecutar la venganza de su jefe.
El segundo del triunvirato se llama José Rodolfo Pérez y viene del Casanare. Es hermano de Miguel Ángel Pérez Suárez, el gobernador de ese departamento grabado en video mientras recibía 500 millones de pesos de un paramilitar.
Hace apenas dos meses, el propio José Rodolfo Pérez fue acusado por un cabecilla paramilitar de recibir fuerte apoyo de estos grupos delincuenciales para su campaña. Dairo Leguizamón, alias 'el Boyaco', jefe político de la organización de Martín Llanos, manifestó en una carta que está dispuesto a entregar su testimonio sobre el patrocinio de los paramilitares a José Rodolfo Pérez.
Un viejo suceso retrata el respeto que José Rodolfo Pérez siente por la justicia. En 1993, el hoy investigador de Uribe era secretario general del gobernador de Casanare Óscar Leonidas Wilches. Ese gobernador había sido sancionado por celebración indebida de contratos por el juez Félix Gilberto López. Un buen día, el indefenso juez fue agredido a golpes por cuatro hombres, entre ellos José Rodolfo Pérez.
Completa la tripleta Yahir Acuña, elegido como representante de las negritudes después de pasar por el PIN y por Apertura Liberal, los mismos partidos de sus compañeros investigadores. Su elección fue un palo en Sucre, donde sacó casi 45.000 votos en la zona de influencia de Enilce López, alias 'la Gata', condenada por sus nexos con paramilitares. Una de las empresas de 'la Gata', Uniapuestas, aportó 100 millones para la primera elección de Álvaro Uribe.
Hoy Yahir Acuña -con lenguaje y maneras rebuscadas- apenas admite que conoció a 'la Gata': "Decir allá que uno no conoce a esa señora es una falacia".
Sin embargo, el diario El Tiempo publicó el 28 de septiembre de 2009 una declaración bien distinta del ahora investigador de Álvaro Uribe: "Claro que soy amigo de Jorge Alfonso López y de Enilce López. Yo no voy a negar mi amistad con ellos simplemente porque tienen cuestionamientos. Eso no es de gente leal. Me parecen gente y empresarios de bien. Son mis amigos y ojalá tengan la cédula inscrita en Sucre para solicitarles los votos frente a la aspiración que tengo".
Esos son los investigadores y el claro anticipo de lo que el país puede esperar de ese proceso.